A: Fiscalía Militar que atiende los Órganos Centrales
CC: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión contra los arrestos y detenciones arbitrarias de las naciones Unidas.
De: Joel Lázaro Carbonell Guilar, vecino de calle A # 7622 interior, e/ 1ra y Final, Luyano Moderno san Miguel del Padrón, La habana, Cuba. Teléfono: (53) 53829100
La Habana, 13 de diciembre 2011
El motivo de la misiva, es exigir que se tome medidas con los oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado, pertenecientes a la Sección XXI, y a su vez recordarles, que estos continúan violando todo lo establecido, demostrando que no reconocen el derecho de los ciudadanos.
El pasado Jueves 8, saliendo de la Sección de Intereses (del servicio a la Internet), fui arrestado arbitrariamente en las inmediaciones de calle I y Línea, en el municipio Plaza de la Revolución, por un equipo de la llamada Sección, compuesto por cuatro (4) hombres, encabezado por “el Teniente Coronel Camilo” como este se hace llamar.
El auto marca Lada, de color verde, de chapa particular (HFD 554) se me acerco y bajaron estos cuatro hombres, uno de ellos (Camilo) identificándose con el carne del DSE, pidiéndome que “me montara en el carro”. Me dirijo a este y le pregunto ¿pasa algo?, este contestándome ¡en la unidad del Capri van a conversar contigo! En este auto fui llevado hacia la 4ta Unidad Policial del Cerro, ubicada en Infanta y Manglar. Allí, “Camilo” le dio indicación a los tripulantes de un patrullero, en el cual fui trasladado hacia la Unidad del Capri.
Estando en esta unidad, unos de los agentes de patrulla que me lleva, me pide que me siente y se le acerca al oficial de guardia superior y le dice algo en voz baja; este, le contesta en voz alta que “no podía meter a nadie en los calabozos sin causa”. El agente de patrullas le vuelve a decir algo en tono bajo, y el superior le pregunta “¿Y quién lo va acusar?”, el patrullero vuelve a repetir la operación de tono bajo, y se retira de la unidad.
Al poco rato, el oficial de guardia superior, este con los grados militares de Capitán, me pide que lo acompañe y me lleva hacia los calabozos. Le entrega al oficial de control de detenidos (calabocero), unos documentos, que supuestamente legalizan la permanencia de mi persona dentro de las celdas. Por falta de cuidado por parte del calabocero, alcance a ver el documento, el cual tenía escrito mi nombre y el cargo ¡Desorden Público! Después que me piden mis pertenencias, me piden que firme la orden de detención, la cual le expongo al calabocero, que yo no podía legitimizar la arbitrariedad que se estaba cometiendo conmigo (después de ser liberado, conocí que este mal proceder y esta manipulación de las leyes, la había cometido con otras personas)
En horas de la noche, alrededor de las 10 pm, se persona en la celda donde me encontraba, un agente vestido de civil, de tez blanca, de baja estatura y ojos claros, identificándose verbalmente como “el Capitán Alejandro de la Seguridad del Estado”. Este me comunica a nombre de la jefatura, que tenía que quedarme detenido por 48 horas, ya que tenían conocimiento de que el día 10 de diciembre, yo iba a participar en una marcha, y se retiro.
Al siguiente día, viernes 9, alrededor de las 10 y 30 p.m., fui sacado de los calabozos y trasladado en un auto patrullero hacia la Unidad Policial de Aguilera. Esta, ubicada en el reparto Lawton, municipio 10 de octubre. Allí, vuelven a montar otro teatro de falso procesamiento y me bajan hacia los calabozos. En la mañana del siguiente día sábado 10, un individuo uniformado portando los grados militares de Teniente Coronel, de tez negra, se persona en la celda que me encuentro, supuestamente preocupándose por que yo no había ingerido ni liquido ni solidó alguno desde el jueves. Este uniformado que desarrolla el cargo de jefe de estación, le expongo, “que está siendo participe de las arbitrariedades que están cometiendo los agentes de la Sección XXI”, y este me respondió con su silencio.
Pasado el mediodía de este sábado, me vuelven a trasladar, en esta ocasión para el Centro de Procesamiento al Detenido, más conocido como “El VIVAC”, ubicado en las inmediaciones de Calabazar. Allí, otro Teniente Coronel, de tez negra, se me identifica como el jefe del centro. A este, le comunico toda mi inconformidad agregándole que me encontraba en calidad de secuestrado y para poder cambiar de opinión, que me permitiera llamar por teléfono a mi familia. Al respecto este contesta, “que no me permitía llamar por teléfono, hasta que no recibiera ordenes de arriba”.
Alrededor de las 10 de la noche, me comunican que “me van a dar salida”, cuando se me entrega mis pertenencias, soy conducido hacia un auto color verde, modelo GEELY, por un oficial uniformado de la Seguridad del Estado. En este auto, esperaban tres agentes vestidos de civil; me montan en el vehículo y sale con destino a San Miguel del Padrón. Por el camino, el uniformado comienza a registrar en mi bolso, y sustrae los periódicos y un correo electrónico, guardándolo en su carpeta; paran el auto en calle 4ta y 8 vías y me exigen que me baje, así quedando en aparente libertad.
Según mi esposa Yusimi Caignet Navarro, el tiempo que estuve ausente de la casa, llamo al 106 y nunca aparecí registrado como detenido. También expone Fermín Emilio Jerez Oliver, que cuando intentaba conocer mi paradero y mi situación legal, fue detenido junto a dos colegas (Juliet Michelena Díaz y José Antonio Sierre Ramallo) y llevados a diferentes Unidades Policiales, en las cuales también se les levantaron falsos cargos de “DESORDEN PUBLICO”, para tenerlos legalmente detenidos; estos fueron liberados después de pasada las 24 horas.
El lunes 12, se presenta en mi casa otro agente de la Sección XXI, este pidiendo conversar conmigo. Le expuse que “no tenía nada que conversar con ellos”, este se retiro. Al salir de mi casa, los vecinos me comunicaron que habían venido varios agentes en tres motos marca Suzuki y un auto patrullero.
Según la Constitución de la Republica, “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido o preso, ni ser objeto de injerencias en su domicilio”. Como también se tiene el derecho ante la ley, a un recurso efectivo ante las autoridades competentes, que nos ampare contra estos actos que violan el derecho ciudadano, reconocidos en la Constitución y en las leyes internacionales.
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